En fechas recientes, el Parlament de Cataluña aprobó entre vítores la resolución independentista de la provincia. Dicha resolución fue rechazada días después por el Gobierno y e impugnada ante el Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy, a cargo del Ejecutivo, acusa a la declaración catalana de ser anticonstitucional y una amenaza en contra de la democracia; en sus propias palabras, representa la “vulneración evidente del núcleo esencial de la constitución española” y ataca los derechos de los ciudadanos de toda España y en especial de los catalanes. Acusa a la petición de tener intentos de regresión histórica que la España contemporánea ha dejado atrás. Asimismo, en la firmeza de su respuesta advierte al Estado Catalán debe someterse al autoridad del Gobierno, de lo contrario los políticos podrán ser remitidos de sus funciones. Dichas medidas, asegura el presidente Rajoy, están basadas en la defensa de un país producto de la convivencia y la democracia, y el intento independentista sólo busca quebrar la España de hoy. Ante tal respuesta, la Cámara Catalana acusa al Ejecutivo de violentar la clara voluntad de los catalanes de separar